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El caso Kiwi Farms y la lentitud de la justicia

IMAGE: DALL·E

El caso Kiwi Farms y la pérdida de la cobertura que tenía contratada con Cloudflare, aparte de una desgracia por las asquerosas connotaciones que conlleva, ofrece algunas interesantes oportunidades para el análisis.

Empecemos por el contexto: ¿qué es Kiwi Farms? Simplemente, un foro online ultraconservador norteamericano creado para perseguir y acosar a figuras públicas, generalmente del ámbito LGTBIQ+, en el que sus participantes no se limitan a hacer chistes, a decir barbaridades o a hacer difamación, sino que habitualmente escalaban sus acciones a cuestiones como la divulgación de datos personales, de la dirección, etc. de algunas de sus víctimas (doxxing), o las falsas denuncias de acciones violentas para lograr provocar misiones de emergencia de unidades especiales de la policía (swatting). Algunas investigaciones vinculan la presión ejercida por este foro con al menos tres suicidios de víctimas que habían experimentado su persecución.

Como toda página polémica expuesta a las acciones de quienes se oponen a ella, Kiwi Farms estaba obligada a tener contratados los servicios de mitigación de ataques de denegación de servicio de Cloudflare, sin los cuales, simplemente, no podría mantenerse activa en la red. La posición de Cloudflare en este sentido es bien conocida: aunque tiene la capacidad por omisión, simplemente dejando de prestar sus servicios, de censurar de manera prácticamente inmediata cualquier página de la red, su cofundador y CEO, Matthew Prince, rechaza la toma de esas decisiones aunque ello le suponga hacer frente a la presión de quienes reclaman el cierre de determinadas páginas, y trata de plantear que la decisión nunca debería ser suya, sino de la justicia. Así lo afirmó en casos previos como el del panfleto neonazi The Daily Stormer o el del foro 8chan, , en los que dejaba claro que «nadie debería tener el poder de despertarse un día de mal humor y decidir que la presencia de alguien no debería estar permitida en internet», por repugnante o asquerosa que le pareciese dicha presencia.

¿Qué diferencia el caso de Kiwi Farms? ¿Va a ser la historia de Cloudflare una constante retahíla de excepciones presuntamente justificadas? En este caso, según afirma la compañía en su página corporativa, de lo que se trata es de lo inminente de un posible problema de seguridad para las personas: la página, tras el «salto a la fama» que ha supuesto la elevada visibilidad reciente de sus acciones, estaba escalando sus ataques y poniendo en peligro a otras posibles víctimas. Por tanto, y ante la creciente presión social recibida, Cloudflare se ve obligada a considerar a Kiwi Farms como el cliente más peligroso de su historia, y a tomar la decisión de terminar su prestación de servicios sin esperar a recibir una orden judicial, que requiere una cuidadosa y potencialmente larga reflexión sobre la libertad de expresión y los límites de la misma.

¿Dónde está el problema? Sencillamente, que Cloudflare no quiere tener que estar sometida a un escrutinio y presión pública y a tener que desencadenar una reflexión interna cada vez que aparece el imbécil de turno y la lía parda en la red. Su papel es un servicio tecnológico que trata de mitigar los posibles ataques que pueda sufrir un servicio en internet, no el de convertirse en juez que otorga o retira permisos. Y lógicamente, exige que las autoridades desempeñen el papel que manifiestamente les toca, el de hacer cumplir las leyes y no relajar esa responsabilidad en proveedores de servicios tecnológicos. Un papel que, además, tiene que ser desempeñado con velocidad, dado que en muchos casos podemos estar hablando de servicios que pueden implicar el daño a terceros si no son interrumpidos a tiempo.

¿Queremos unas autoridades capaces de echar de la red a determinadas páginas a patadas y en un tiempo récord? ¿Preferimos ser más garantistas y dejar que las autoridades procedan con sus necesarias reflexiones y tiempos? La respuesta es, sin duda, compleja. Sin embargo, surge una duda muy interesante: ¿por qué cuando hablamos, por ejemplo, de un servicio de descargas irregulares o de streaming denunciado por un productor de contenidos, casos que únicamente provocan pérdidas económicas, la justicia suele actuar a toda velocidad y con toda premura, mientras que cuando hablamos de casos flagrantes que ponen en peligro la vida de personas, la justicia decide que necesita tomarse sus tiempos? ¿Tiene razón Cloudflare reclamando una acción más rápida e implicada de las autoridades, a pesar de las posibles consecuencias que ello podría tener en manos de según qué autoridades? ¿Al servicio de quién parece estar, en muchas ocasiones, la justicia?

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