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La pandemia, la videoconferencia y la justicia

IMAGE: Zoom justice

Un interesantísimo artículo en The Atlantic, «Zoom Court Is Changing How Justice Is Served«, da cuenta de cómo las circunstancias de la pandemia llevaron, de la noche a la mañana, a fortísimas modificaciones en la administración de justicia en los Estados Unidos, con el uso de videoconferencias a través de Zoom para un número cada vez más elevado de juicios, y cómo eso ha llevado a muchos profesionales de la justicia – jueces, fiscales y abogados – a pensar que, una vez que la pandemia termine, todo ese sistema debería seguir funcionando así, y desplazar a videoconferencias todos los juicios que sea posible desplazar con garantías.

El proceso de adaptación a la disrupción que supuso la pandemia resume muy bien todos los problemas y las dinámicas habituales en este tipo de transiciones: desde los primeros episodios de anécdotas en la adaptación, como el ya mítico cattorney que no encontraba cómo desactivar el filtro de gato en su cámara web en un juicio, hasta la oposición en algunos profesionales alegando todo tipo de complicaciones o la ausencia de medios de algunos de sus clientes, pasando por las razonables circunstancias en las que un juicio no debe celebrarse a través de videoconferencia porque podría carecer de las adecuadas garantías – casos de violencia doméstica, por ejemplo, en los que no se puede asegurar que la víctima no esté siendo sometida a presiones fuera del campo de visión de la cámara, etc.

Pero en la práctica, tras un año de juicios llevados a cabo a través de Zoom, la gran mayoría de jueces, fiscales y abogados comprueban algo que, en realidad, era más que evidente desde un principio: que evitar la fricción de procesos físicos como el tener que desplazarse hasta los juzgados y, en su lugar, poder personarse desde cualquier sitio a través de una cámara es algo que agiliza notablemente los procesos, y que eso contribuye a dar forma a una justicia más eficiente, y a aligerar las montañas de casos que permanecían a la espera de juicio.

Lo que al principio eran complicaciones derivadas de la falta de experiencia en el uso de las herramientas se convierte, al cabo de poco tiempo, en procesos mucho más ágiles y sencillos, menos ceremoniosos, y con menores tiempos de espera, y en una justicia más rápida en la que, descontando algunas circunstancias, como la realidad del digital divide que podría impedir a algunos acusados un acceso adecuado a los medios necesarios, o la existencia de algunas casuísticas específicas, existe un margen enorme de beneficios potenciales a la adopción de unas herramientas tecnológicas cuyo uso, además, ya está ampliamente probado. Cuando se supera un umbral determinado, los que pretendan resistirse al cambio alegando motivos de conservadurismo rancio, que los habrá siempre en todo proceso de cambio, pueden estar seguros que terminarán reducidos a la anécdota y marginados por el propio sistema.

Un cambio que se llevó a cabo por obligación, pero que podría llegar a consolidarse dentro de la operativa de la administración justicia una vez que la pandemia se considere terminada, simplemente porque hemos podido comprobar de manera fehaciente que podía ser sensiblemente más eficiente. Si no hubiera existido un motivo de fuerza mayor como la pandemia, una reforma así, posiblemente, habría tardado mucho más en producirse, o no directamente no se habría producido, lo que refleja hasta qué punto muchas organizaciones deberían tener en cuenta que la pandemia, como muchos otros cambios, es una oportunidad perfecta para plantear avances en procesos como la transformación digital. Esperemos que ejemplos similares a este cundan en muchos otros campos de actividad.


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