Mi columna de hoy en Invertia se titula «Ley de Cambio Climático: una lentitud insostenible» (pdf), y trata de explicar por qué los supuestamente ambiciosos compromisos en términos de lucha contra la emergencia climática que el gobierno traía en el programa con el que se presentó a las elecciones se han convertido en una ley prácticamente de mínimos, en absoluto ambiciosa como la propaganda gubernamental nos quiere vender, y muy por debajo no solo de los estándares que están marcando otros países, sino sobre todo, y mucho más importante, completamente insuficientes con respecto a lo que el planeta necesita.
Por alguna razón, los políticos actúan en el tema de la emergencia climática como si los plazos los marcaran ellos, como si tuviesen el lujo de ponerse delante del problema e intentar explicarle cosas: «no, mira, verás, es que no se puede descarbonizar más rápido, porque eso provocaría tensiones con esto y con aquello…» Por otro lado, además, esa actitud es fácil de explicar: piensan en términos exclusivamente electoralistas, y una parte muy grande del electorado, simplemente, no les demanda más – o incluso, en muchos casos, les pide que hagan menos, porque ven «extremadamente inconveniente» cambiar su forma de vida. Lo más trágico de la escasa ambición del gobierno de España en términos de lucha contra la emergencia climática es que resulta perfectamente posible que si ese gobierno fuese de otro partido, esos objetivos fuesen aún menos ambiciosos. Y eso refleja claramente un problema que no está únicamente en el gobierno: está en los ciudadanos y en su brutal falta de concienciación con el que debería ser el tema más importante de todos.
No, plantear que «España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050» no es ser ambicioso: es, de hecho, ser conservador. Algunos de los objetivos de reducción de emisiones y de transformación económica que están marcándose la propia Unión Europea, o países como los Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, de hecho, son más ambiciosos que ese en términos reales. España, a todos los efectos, parece estar apuntándose a objetivos de los que pueden fijarse «sin molestar a nadie», sin exigir demasiado esfuerzo a la industria, «no vaya a ser que se moleste».
Cuando hablamos de una emergencia climática, hablamos de algo que debería estar llevándonos a hacer cambios drásticos en la forma en que vivimos, cambios que es preciso reflejar en un marco legal adecuado. Cuando ese marco legal te dice precisamente lo contrario, que te tomes las cosas con calma y que ya, si eso, en 2040, prohibiremos la venta – que no la circulación – de vehículos con motor de combustión interna, la señal que se envía al ciudadano es precisamente la contraria de la que un gobierno serio y responsable tendría que estar enviando.
Con esta ley, el gobierno de España se está apuntando al greenwashing gubernamental: decir que hacemos mucho, adjetivarnos a nosotros mismos como de muy ambiciosos, cuando en la práctica, las medidas reales que ponemos en el texto legal son cualquier cosa menos eso, y van, de hecho, por detrás de los propios objetivos que se imponen algunas de las industrias que es necesario regular. Cuando varias compañías automovilísticas ya se plantean eliminar los vehículos de combustión interna de su gama en 2025 o en 2030, que el gobierno de tu país se decida por la fecha de 2040 es sencillamente ridículo, completamente inaceptable, un reflejo claro del escaso compromiso que han decidido adoptar con el tema. «Vamos a no molestar, no sea que se enfaden y se vayan». Con las compañías de generación eléctrica ocurre lo mismo: sus objetivos corporativos de descarbonización son más ambiciosos que los que les marca el propio gobierno, cuando debería ser completamente al revés.
Así, simplemente, no vamos a ningún sitio. O sí, pero a uno al que, seguramente, no queremos ir.
