Es sin duda una conclusión sorprendente, y que de hecho, podría llegar incluso a afectar políticas de uso de fondos públicos: un estudio de la Universidad de Chicago, recientemente publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), afirma la existencia de una correlación significativa entre la mortalidad por COVID-19 durante la pandemia, y el acceso a internet, en particular, la banda ancha.
Dado que, evidentemente, internet no tiene ningún tipo de efecto antiviral ni afecta de ninguna manera a nuestro sistema respiratorio, la conclusión inmediata sería que el acceso a internet, como variable, está actuando como un factor que recoge los efectos de otras, tales como edad, estatus socioeconómico, nivel de educación, etc. Esto explicaría claramente cómo, por ejemplo, la mortalidad ha tendido a ser mayor entre personas de edad más avanzada, en las que el uso de internet es menos habitual, o entre personas con menor poder adquisitivo, incapaces de protegerse adecuadamente por no poder confinarse o acceder adecuadamente a medios como mascarillas, etc.
Sin embargo, la correlación se mantiene cuando el estudio introduce esas y otras variables relacionadas como control, es decir, que existe algún otro factor relacionado con la disponibilidad de conexión a internet que no está relacionada con las variables habituales utilizadas en el estudio de la desigualdad – estatus socioeconómico, nivel de educación, edad, discapacidades, carga de alquiler, cobertura de seguro médico o estatus migratorio. Es decir, que la falta de acceso a internet es una variable que tiende a predecir desigualdad es evidente, pero que la correlación con una mayor mortalidad se mantenga incluso tras descontar el efecto de esas variables resulta, como mínimo, interesante.
Aparentemente, la posibilidad de acceder a información de mejor calidad, de buscar información sobre riesgos para la salud o a servicios de consultas de telemedicina se convierten en determinantes sociales de la salud, hasta el punto de llevar a considerar el acceso a internet de banda ancha como un importante factor de salud pública. En ese sentido, y aunque ese vínculo pudiese ser considerado como probable en función de las tasas de mortalidad habituales en distintos estratos de la sociedad, la pandemia ofrece una oportunidad para acelerar nuestro entendimiento acerca de cómo el acceso a internet de banda ancha puede relacionarse con la salud, porque tiende a exacerbar muchas de las desigualdades socioeconómicas existentes que son subyacentes a las desigualdades de salud. Básicamente, que la ignorancia mata, pero evidenciado de una manera mucho más determinante que lo que sabíamos hasta ahora.
Obviamente, no existe ninguna evidencia de que incrementar el nivel de acceso a internet vaya a traducirse mágicamente en un mejor nivel de salud pública o en una protección contra enfermedades: muy probablemente, si tan solo repartiésemos conexiones en barrios o en colectivos desfavorecidos en función de programas de mejoras de infraestructuras, es posible que ese efecto no se tradujese en ningún cambio efectivo. Sin embargo, y dado que lo que parece tener efecto es el acceso a más información de calidad o de contraste con respecto a la que se recibe cuando se carece de acceso a internet, las políticas destinadas no solo a la provisión de la infraestructura, sino también a proveer de la educación adecuada para un uso adecuado de la misma sí podrían tener un efecto positivo sobre la salud pública.
En la práctica, disponer de acceso a internet de banda ancha no solo es una forma de proveer acceso potencial a más información, sino también de posibilitar otros medios para la mejora de las variables relacionadas con la desigualdad, desde el acceso a educación a muchas otras posibilidades. Para los expertos en políticas de salud pública, un factor muy interesante que sin duda merece mucho más estudio.
