Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Vacunas e incompetencia» (pdf), y trata de llamar la atención sobre el nivel de incompetencia en la asignación de prioridades que supone retrasar las campañas de vacunación precisamente en un momento como el actual, en el que no solo afrontamos una expansión de la enfermedad derivada de la mayor movilidad de la población durante las fiestas navideñas, sino que, además, nos enfrentamos a una nueva cepa del virus con una capacidad de infección mucho mayor que la original, y que es una auténtica bomba de tiempo sobre el sistema hospitalario.
Que los niveles de incompetencia sean tan elevados en cuestiones logísticas y administrativas en países supuestamente desarrollados es profundamente alarmante. Las campañas de vacunación, como ya se podía prever, están siendo, en general, un auténtico desastre, con políticos interesados únicamente en la fotografía y sin poner atención a lo verdaderamente importante, mientras las infecciones vuelven a dispararse y cada vez más ciudades experimentan la saturación de sus sistemas hospitalarios. Algunas administraciones, de hecho, están planteándose, ante la gravedad de la situación, posibilidades no previstas inicialmente y en absoluto ideales, como priorizar la administración de la primera dosis de la vacuna en lugar de plantearse administrar las dosis de refuerzo, con el fin de alcanzar más rápidamente un mayor porcentaje de la población con al menos un cierto nivel de inmunidad, o incluso tratar de extraer más dosis de vacuna de cada vial.
Es fundamental entender que la relación coste-beneficio de las medidas de confinamiento cuando una vacuna está siendo ya administrada y la posibilidad de alcanzar la inmunidad en la población está a la vista es completamente distinta de la que tenía cerrarlo todo cuando no sabíamos lo que eso podía durar. Eso, obviamente, debería implicar que las medidas a aplicar deberían ser diferentes: lo que deberíamos estar haciendo en este momento es aplicar medidas de confinamiento estrictas, similares a las que se tomaron al principio de la primera ola, volviendo incluso a cierres totales de actividad si es preciso mientras se consigue una administración masiva de la vacuna. Por el momento, y con el nivel de visibilidad que tenemos sobre la expansión de la pandemia, todo indica que al menos la primera mitad de 2021 va a ser muy parecida a lo que conocimos durante todo 2020: nada de fiestas ni celebraciones, y uso constante de mascarilla, y eso será así mientras no seamos capaces de alcanzar unos niveles de vacunación de la población muy elevados.
Visto así, la campaña de vacunación es, en este momento, lo más importante que tenemos ante nosotros como sociedad. De la velocidad y eficiencia en la administración de las vacunas depende nada más y nada menos que la posibilidad de poder volver a tener una vida razonablemente normal y productiva, de dejar atrás la pesadilla de la pandemia. No hay nada más importante. A corto plazo, los países se diferenciarán en función de la velocidad con la que sean capaces de vacunar a su población y recuperar su actividad económica con las suficientes garantías. Y sin embargo, las prioridades aplicadas no parecen reflejarlo: tendríamos que estar aplicando toda la tecnología disponible a la trazabilidad de la vacunación, y estar utilizando para su administración absolutamente todos los recursos disponibles.
En su lugar, lo de siempre: incompetencia, acusaciones cruzadas y responsabilidades diluidas entre múltiples administraciones. No es un problema de ciencia, no es un problema de recursos: es un problema político. Como tantas otras cosas. Desgraciadamente.
