El gobierno del Reino Unido ha tomado la decisión de no complicarse la vida con las compañías tecnológicas y el activismo, cuando, al aprobar la polémica Online Safety Bill, ha especificado claramente que el regulador de las telecomunicaciones, Ofcom, únicamente requerirá que las empresas escaneen sus redes en busca de evidencias de abuso y pornografía infantil (CSAM) cuando se desarrolle una tecnología que sea capaz de hacerlo.
La mayor parte de los expertos en ciberseguridad opinan que podrían pasar aún muchos años antes de que se desarrolle alguna tecnología de este tipo, eso si es que alguna vez llega a desarrollarse, y cuando se desarrolle, lo más probable es que los sistemas de cifrado hayan progresado lo suficiente como para que, de nuevo, su cifrado siga siendo robusto. Ante la Cámara de los Lores, Lord Stephen Parkinson dijo expresamente que
«… solo se podrá emitir una petición cuando sea técnicamente factible hacerlo y cuando se haya acreditado que la tecnología cumple con los estándares mínimos de precisión para detectar únicamente contenido de explotación y abuso sexual infantil…»
La Online Safety Bill ha estado en desarrollo durante varios años, y se consideraba uno de los intentos más duros por parte de cualquier gobierno de responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por el contenido que se comparte a través de sus redes. Varias compañías tecnológicas habían amenazado con abandonar total o parcialmente el mercado británico si la ley era aprobada sin ningún tipo de limitaciones. Compañías como Meta habían amenazado con retirar su WhatsApp, Apple lo había hecho con iMessage y FaceTime, y otras, desde Signal hasta la mismísima Wikipedia, habían anunciado su posible retirada.
Ahora, tras larguísimas y bizantinas discusiones, todo indica que el gobierno ha dado su brazo a torcer con una solución salomónica: la ley sigue afirmando que el regulador gubernamental podrá exigir a las compañías tecnológicas que revelen los contenidos de las comunicaciones que se produzcan a través de sus herramientas, pero afirman que no lo harán hasta que sea técnicamente factible hacerlo de manera fiable y sin amenazar la privacidad de todos los usuarios. La crítica que podría hacerse a esta decisión, en esta fase de la tramitación de la ley, es que el rango jurídico que tiene el texto de la ley no es comparable en absoluto con el escaso compromiso que suponen una serie de declaraciones puntuales a prensa, que como mucho, comprometen al gobierno que las ha hecho o incluso tan solo a personas concretas del mismo. Podría perfectamente ocurrir, aunque hoy parezca poco probable, que gobiernos o ministros posteriores pretendiesen, dado que el texto de la ley está redactado como lo está, exigir a las compañías que la cumpliesen estrictamente y les proporcionasen esas herramientas de monitorización. En política, lo que no está en la ley ni en su reglamento, no existe.
La decisión es un intento de salvar la cara al gobierno, que puede plantearse decir que su postura no ha cambiado, entre otras cosas para tratar de apaciguar a las asociaciones de defensa de los derechos de los niños:
«Como siempre ha sido el caso, como último recurso, caso por caso y sólo cuando se hayan cumplido estrictas salvaguardias de privacidad, [la legislación] permitirá a Ofcom ordenar a las empresas que utilicen o hagan los mejores esfuerzos para desarrollar u obtener tecnología para identificar y eliminar contenido ilegal de abuso sexual infantil, que sabemos que se puede desarrollar (…) Es correcto que Ofcom pueda exigir a las empresas de tecnología que utilicen sus considerables recursos y su experiencia para desarrollar las mejores protecciones posibles para los niños en entornos cifrados.»
Para el gobierno británico, como para otros, el problema es que manejan encuestas que muestran que una gran mayoría de los ciudadanos del país apoyan abrumadoramente las medidas para abordar el abuso infantil en entornos cifrados de extremo a extremo, un apoyo que, obviamente, ignora las consecuencias que el desarrollo de herramientas de monitorización podrían llegar a tener. Uno de esos temas en los que todo indica que no se puede hacer caso de una opinión popular que carece de la formación suficiente para entender este tipo de cuestiones y su posible alcance.
Pero por el momento, las compañías podrán mantener su presencia y sus productos de mensajería en el mercado británico, y los políticos podrán quedar bien diciendo que «si hace falta, se les exigirá esto o aquello», aunque sea técnicamente imposible. Para algunos, un triunfo, aunque yo no lo tenga tan claro. Será que soy, cada día más, un viejo gruñón…
