La fuerte propagación de la variante Delta en los Estados Unidos está provocando que cada vez más compañías e instituciones de todo tipo de planteen la necesidad de restringir el acceso de los no vacunados a todo tipo de actividades, desde las puramente profesionales a las de ocio.
Muchas de las compañías tecnológicas, que han sido durante toda la pandemia las que más rápidamente han reaccionado y marcado tendencia con su respuesta, han comenzado a exigir la vacunación ya no solo a sus trabajadores, sino a todo aquel que quiera entrar en sus edificios, aunque sea un proveedor o una visita. Pero más allá de las grandes tecnológicas, muchas otras empresas están reaccionando también de la misma manera: compañías como Disney o Walmart, empresas de procesamiento de alimentos como Tyson, numerosos hospitales, muchos campus universitarios… ahora, hasta el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, acaba de hacer obligatorio requerir una prueba de vacunación para el acceso a restaurantes, gimnasios, cines o teatros.
Según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aquellos que se nieguen a recibir la vacuna tendrán que esperar un número cada vez mayor de inconvenientes en su vida diaria, desde no poder acudir a su trabajo a no poder desarrollar un número cada vez más significativo de actividades. Mientras en España, algunos gobiernos regionales dan marcha atrás en este tipo de requerimientos por miedo a las reacciones de determinadas patronales o de resoluciones judiciales contrarias, en otros países se muestran cada vez más decididos a hacer frente a la pandemia y a la posibilidad de evitar la aparición de nuevas variantes de la única forma que tiene sentido epidemiológico: evitando la aparición de reservorios.
La vacunación obligatoria aparece como la única solución razonable para plantearse mirar a la pandemia por el espejo retrovisor. La idea de exigir la vacunación no debería sonar tan preocupante: hay países que exigen determinadas vacunas para acceder a su territorio, muchas instituciones educativas la requieren como requisito para la matriculación de los estudiantes, y en general, han sido ese tipo de políticas las que han posibilitado que hoy muchas enfermedades se consideren, si no erradicadas, sí mucho menos peligrosas que hace algunas décadas. China dio el paso de exigir la vacunación para poder llevar a cabo muchas actividades hace ya tiempo, Francia las ha hecho obligatorias para algunos colectivos, y en general, como demuestran algunos historiadores norteamericanos, la exigencia de vacunación no debería ser vista en absoluto como algo ofensivo: aquellos que afirman que la resistencia a las vacunas es de alguna manera una expresión de libertad son históricamente analfabetos.
Cada vez son más las voces autorizadas que piden que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria, y que se extienda la exigencia de una prueba de vacunación para acceder a más actividades. Cuando una tecnología como la del ARN mensajero surge y se convierte en la forma de combatir eficazmente una enfermedad – ya no solo el COVID-19, sino incluso otras como la malaria o incluso el cáncer – hay que plantearse que esa tecnología extienda su adopción de manera rápida, eficiente y sin excepciones, sobre todo si, además, estamos en medio de una pandemia. La supuesta libertad de una persona para rechazar una vacuna no puede convertirse en libertad para contribuir a la expansión de una enfermedad. Todas las libertades tienen un límite, y en el caso de las vacunas, ese límite está sobradamente claro. La única razón para rechazar una vacuna debe ser la presencia de contraindicaciones médicas. Vacunarse contra un virus peligroso con el fin de detener su difusión es el precio que las personas tienen que pagar para vivir en sociedad.
