El concepto de privacidad en China evoluciona a gran velocidad, y tiende, como todo en ese país, a la centralización absoluta, a la construcción de una economía completamente controlada por el estado también en el ámbito de los datos – o incluso, con los datos como clave fundamental.
Las compañías tecnológicas chinas, que recientemente han experimentado fuertes caídas coincidiendo con el fuerte incremento del poder de Xi Jinping tras el XX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, están intentando resistirse a una ley que, a partir de diciembre, las obligará a compartir los datos de sus usuarios con dos agencias gubernamentales de rating crediticio, Baihang y Pudao. Ambas compañías están creadas por antiguos directivos del Banco Popular de China, también estatal, y utilizarán los datos para crear un feed de la actividad de los usuarios que venderán a los bancos, para que estos bancos puedan tomar decisiones crediticias.
Las compañías tecnológicas, obviamente, se oponen a esta legislación, y tratan de resistirse todo lo que pueden: por un lado, sus capacidades para generar información de este tipo, tratarla y venderla a los bancos o a terceras partes se estiman muy superiores a las de estas dos compañías, y por otro, consideran que estas compañías cobran unas tarifas claramente abusivas, amparadas por el monopolio creado por el estado del que van a disfrutar.
La citada ley es tan solo una parte visible de una cada vez mayor toma de control del gobierno sobre los datos de los usuarios de aplicaciones tecnológicas de todo tipo, desde super-apps como WeChat hasta apps de movilidad, sociales o de otros tipos. La escalada de poder del gobierno chino en este sentido continúa el intento de construcción de un panóptico capaz de conocer todos los datos de los ciudadanos, algo que el gobierno considera esencial para el mantenimiento de la seguridad pública.
La propuesta del gobierno chino es muy sencilla: un nuevo contrato social redefinido con sus ciudadanos, en el que estos entregan todos sus datos personales a cambio de una gobernanza más precisa que hace sus vidas más sencillas y más seguras. En la práctica, sin embargo, esto no es siempre así: la centralización absoluta y la burocratización que conlleva la gestión estatal incrementa la vulnerabilidad y la posibilidad de fugas de información, de la que hemos tenido muestras muy recientes con revelaciones masivas de datos sobre los ciudadanos del país. De hecho, la sensibilidad de los chinos con respecto a los temas de privacidad está incrementándose desde hace años, y más como consecuencia de este tipo de problemas.
Pero además de pretender redefinir el contrato social con sus ciudadanos, el gobierno chino va mucho más allá, porque exigen también a otras compañías tecnológicas chinas, como es el caso de ByteDance y su TikTok, en crecimiento arrollador en todo el mundo, que ha avisado a los ciudadanos europeos que, como seguramente ya imaginaban, los directivos chinos de la compañía tienen acceso a sus datos, y por tanto, también el gobierno del país. Algo esperable, por un lado, y que genera una pregunta fundamental: ¿es lo mismo que tenga nuestros datos una compañía norteamericana, con un conjunto de reglas que exigen a cualquier agencia gubernamental solicitar los datos de un usuario mediante una petición judicial, que el que los tenga una compañía china, cuyo gobierno tiene acceso inmediato a ellos sin posibilidad de oposición?
Cuando la economía de los datos deja de estar en el ámbito privado y se convierte en una cuestión estatal, las consecuencias pueden cambiar, y la dimensión del tema puede alterarse drásticamente en muchos sentidos. Sí, el gobierno chino quiere reinterpretar la privacidad, convertirla en un arma en manos del gobierno y consolidarse como un actor relevante en la llamada «economía de los datos», algo que, evidentemente, se refiere a variables que tienen que ver con muchas más cosas que la economía. Pero además, si utilizas TikTok, ya lo sabes: muy probablemente lleves ya tiempo en sus archivos.
