La Unión Europea desveló ayer su propuesta de Pacto Verde Europeo o European Green Deal, que supondrá la transformación de la economía y la sociedad del continente de cara a hacer frente a los desafíos de la descarbonización y la emergencia climática con el objetivo de reducir en un 55% las emisiones perjudiciales en el año 2030. El paquete de medidas se enfrenta aún a un largo camino: los veintisiete estados miembros y el Parlamento Europeo tienen aún que aprobarlo, hay mucha división entre los miembros de la UE, y es probable que los países más contaminantes, como Polonia, traten de resistirse a los cambios.
El Pacto Verde Europeo es, en cualquier caso, una propuesta interesante, en primer lugar, por lo que supone de golpe al escepticismo acientífico: la emergencia climática es una evidencia, sus efectos se están dejando notar mucho antes de lo que algunos predecían, y es imprescindible tomar acciones inmediatas para evitar un desastre. Los cambios son cada vez más drásticos, y el punto de inflexión está ya aquí: varias partes del mundo viven ya en una emergencia permanente esperando el siguiente impacto, y es cada vez más necesario adoptar soluciones radicales y coercitivas, dado que las propuestas voluntaristas son claramente insuficientes. La crisis climática no va a solucionarse pidiendo delicadamente a las empresas o a la sociedad que cambien: si queremos sobrevivir como especie, hay que plantear acciones obligatorias.
El plan se apoya en un fuerte despliegue de las energías renovables y de los vehículos eléctricos, al tiempo que introduce un ajuste de carbono en la frontera sobre las importaciones y grava los combustibles de aviación y marítimos. Las reformas marcan el comienzo del fin de los combustibles fósiles en la UE: como bien afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «la economía de los combustibles fósiles ha llegado a sus límites».
El impuesto a las importaciones se aplicará al acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes y la electricidad generada con altas emisiones de dióxido de carbono, y se introducirá gradualmente a partir de 2026. Entre 2023 y 2025 se requerirá que los importadores, incluidos los de electricidad, controlen e informen de las emisiones generadas en la producción. Esos importadores deberán adquirir certificados digitales que representen el tonelaje de emisiones de dióxido de carbono incorporado en los bienes que importan, y el precio de esos certificados se basará en el precio promedio de los permisos subastados cada semana en el mercado de carbono de la UE. Si esos importadores pueden verificar fehacientemente que ya pagaron un precio por sus emisiones durante la producción de los bienes importados, la cantidad correspondiente podrá deducirse de su factura final. Es, a todos los efectos, un intento de globalizar los impuestos a las emisiones: produzcas donde produzcas, pagarás por las emisiones que hayas generado, porque el problema es global y no puede estar en función de los intereses cortoplacistas de cada país.
Además del impuesto a la generación de dióxido de carbono, la propuesta incluye la adaptación de edificaciones (una renovación del 3% de los edificios cada año hasta un total de 35 millones de edificios en 2030 para hacerlos más eficientes), la descarbonización de la generación de energía (un 40% tendrá que provenir de fuentes renovables en 2030), y una reducción del 55% en las emisiones de los vehículos, lo que implicará una fuerte transición a vehículos eléctricos (prohibida su venta a partir de 2035, y los híbridos solo contarán como «de bajas emisiones» hasta 2030). Además, hay objetivos ambiciosos relacionados con la fijación de dióxido de carbono mediante métodos naturales, con un ambicioso plan de restauración de ecosistemas naturales y con la plantación de más de tres mil millones de árboles.
En cualquier caso, la propuesta, aunque mejora las tibias iniciativas anteriores, sigue siendo insuficiente. Una reducción del 55% en 2030 sigue siendo demasiado lenta, y dejaría todavía demasiado trabajo por hacer, más aún considerando que las evidencias muestran que los plazos se están acortando cada vez más. La fecha límite planteada para la retirada de los vehículos de combustión es absurda, y debe adelantarse un mínimo de cinco años más, a 2030, y completarse con la retirada mediante inspección técnica de todos los vehículos que superen determinados niveles de emisión.
Si eres tan egoísta como para pensar que, por tu edad, esas fechas ya no te conciernen, ten en cuenta que el camino para llegar a esa frontera no va a ser en absoluto bonito, y va a estar plagado de problemas, desastres medioambientales constantes y catástrofes que afectarán aleatoriamente a cualquier lugar del mundo. Sí, es tu problema. Es momento de plantearse que no podemos seguir viviendo como vivíamos, que tenemos que cambiar radicalmente, y que esos cambios, aunque no te gusten, no son cuestión de opinión, y son, como llevamos ya bastante tiempo comentando, absolutamente imprescindibles.
