Marimar Jiménez, de Cinco Días, me envió tres preguntas por correo electrónico acerca de la demanda antimonopolio planteada por el Departamento de Justicia norteamericano contra Google, tema sobre el que escribí el día que fue publicada (antes de que lo fuese, y por tanto, sin haberla leído) comentando, fundamentalmente, que llegaba como mínimo siete años tarde. Marimar incluyó algunas de mis respuestas en su artículo titulado «La demanda contra Google es solo la punta del iceberg» (pdf).
Tras leerme la demanda, me reafirmo en mis impresiones iniciales: sobre el comportamiento monopolístico de Google no cabe absolutamente ninguna duda, como sabemos desde hace muchos años y como ya llevo muchos años afirmando. La Unión Europea lo ha tenido muy claro en varias ocasiones y no le ha temblado el pulso en absoluto a la hora de sancionar a la compañía por ello, pero lamentablemente, como bien dice John Naughton, la primera demanda del DoJ norteamericano contra Google no utiliza en absoluto los argumentos esgrimidos por la Unión Europea: es como si la ignorasen completamente o como si viviesen no a un océano de distancia, sino en otro planeta.
Y esa es precisamente la razón por la cual la demanda del DoJ terminará seguramente en nada: porque su planteamiento es débil e ignora precisamente los aspectos más importantes en los que Google está ejerciendo esa presión monopolística, tales como los perjuicios a competidores o el apalancamientos en el dominio del buscador para beneficiar a otros productos de la compañía. Debido a la errónea tradición norteamericana de considerar un daño únicamente cuando se genera un perjuicio a los consumidores en términos de precio (absurdo cuando hablamos de productos mayoritariamente gratuitos), la demanda se pierde en aspectos que diluyen completamente el problema.
El mayor problema de que Google y otras compañías puedan sentirse prácticamente a salvo de la aplicación de una legislación antimonopolio enormemente débil no es para los usuarios, sino para el ecosistema en su conjunto. Las acciones anticompetitivas de Google debilitan a muchas otras compañías que, de tener un nivel de protección mayor, podrían convertirse en grandes competidores internacionales, pero que al tener encima el asfixiante dominio de la compañía de Mountain View, ven disminuidas sus posibilidades. Que una compañía como Google (y otras en su industria) puedan plantearse adquirir, copiar o bloquear a cualquier competidor con una propuesta de valor interesante, o incluso que adquieran compañías para poder tener un control y una vigilancia absoluta de ese ecosistema, como fue el caso de Urchin en 2005 (con la que construyó ese enorme monitor de inteligencia competitiva llamado Google Analytics) o de Kaggle en 2017 (con la que obtiene una brutal visibilidad de toda la comunidad de machine learning e inteligencia artificial) es una amenaza a la innovación y a la competencia, como pudo serlo el que se permitiese la adquisición de DoubleClick (líder en publicidad display) en 2007.
Pretender ahora, mucho tiempo después de la consolidación del monopolio de Google, desmontarlo con argumentos tan débiles como los que plantea la demanda del DoJ es como pretender atacar a un elefante con un canuto de bolígrafo y unos granitos de arroz. La defensa de Google incide precisamente en ese aspecto: ¿cómo puedes decir que son un malvado monopolio si los usuarios me aman tiernamente y no quieren usar ningún producto que no sea el mío? Y ahí está el problema: en que, en la interpretación que en los Estados Unidos se ha dado a la legislación antimonopolio, ese daño al consumidor no se produce. Con esas armas, las posibilidades de que la regulación de este tipo de temas llegue a algo productivo son más bien escasas, como sería fácil deducir si alguien se hubiese estudiado las demandas antimonopolio planteadas por la Unión Europea.
Los derechos de los usuarios son muy importantes, pero no son lo único que la legislación antimonopolio debe proteger. Esa protección debe ir mucho más allá, e incluir a posibles competidores, a emprendedores, o incluso al ecosistema en su conjunto. Porque los perjudicados, en último término, no son únicamente los consumidores (debido a una falta de opciones), sino que lo son todos los actores de ese panorama, e incluso el país en su conjunto.
A continuación, el texto completo con las preguntas y respuestas que intercambié con Marimar:
P. ¿Que consecuencias podría tener para Google esta demanda? ¿Qué escenarios ves más factibles: que no ocurra nada porque gane Google, sanción, división de la compañía…? ¿Y por qué?
R. La demanda del Departamento de Justicia contra Google tendrá, en general, poco recorrido. En primer lugar, porque el planteamiento que hace y las infracciones que señala son muy poco importantes: que Google pague a otras compañías para posicionar su motor de búsqueda en determinados dispositivos o navegadores, por ejemplo, es algo muy poco significativo: el producto que promueve es gratuito, y si deja de hacerlo y esas compañías sitúan otro, los usuarios rápidamente volverán a poner el buscador de Google en su sitio. En segundo lugar, porque sabemos que no va a moverse nada hasta que sepamos el resultado de unas elecciones en las que probablemente vencerá Biden, y los estados que se han unido a la demanda del DoJ son todos ellos estados republicanos, lo que implicará que o haya demasiado interés en la administración por perseguir una demanda como esta. Pero que esta demanda termine no dando lugar a cambios significativos o importantes no quiere decir que no sea, al menos en su esencia, correcta: Google es un monopolio ejerce como tal, y sobre todo, se ha convertido en aquello de lo que al principio huía como de la peste. Cada vez más, Google se está convirtiendo en un «portal» como aquellos de los años ’90. Ya no es un buscador, sino una página que aspira a que pases mucho tiempo en ella, moviéndote entre sus resultados, sus mapas, sus comparadores y otros servicios. ¿Dónde quedó aquella Google que quería llevarnos a la página que realmente buscábamos? Que Google sea hoy un monopolio es algo que ya pocos dudan. El problema es que el DoJ, con una demanda como la que ha planteado, no va a conseguir hacer gran cosa para evitarlo…
P. ¿Qué probabilidades ves de que esta demanda sea el principio de otras acciones legales contra Amazon, Apple y Facebook? ¿Deben poner estas empresas sus barbas a remojar?
R. Lo que probablemente haga esta demanda es dificultar futuras adquisiciones tanto de Google, como de otras compañías tecnológicas. Los reguladores están mucho más sensibles con el tema, su nivel de comprensión de la industria aumentará, y este tipo de operaciones se estudiarán con lupa y se denegará el permiso en más ocasiones. Esto perjudicará a unas big tech ya acostumbradas a poder adquirir o copiar todo aquello que se movía en su industria, y las obligará a hacer más cosas por sí mismas. Por otro lado, es posible que esto también se convierta en un problema: muchas startups ven como su sueño dorado ser adquiridas por una big tech, y si esta posibilidad se ve perjudicada, el estímulo para crear servicios innovadores puede que sea menor.
P. ¿Llega ya tarde la demanda a Google y, si se produjeran, a las otras empresas?
R. No es que llegue tarde, es que se plantea de manera poco eficiente y poniendo el foco sobre aspectos que no son especialmente importantes. Lo que demuestra la demanda es que la legislación antimonopolio norteamericana hace ya varias décadas que se convirtió en una caricatura de sí misma, y que precisa de una revisión importantísima. Recordemos que la legislación antimonopolio no debe penalizar el éxito o el crecimiento de una compañía, sino las acciones en las que esta incurra para evitar que otras puedan competir libremente con ella. Mientras esa revisión en profundidad no se produzca, el resultado de este tipo de demandas será más coyuntural, y seguirá siendo el mismo: un toquecito de atención poco significativo, alguna corrección leve, y poco más, sea para Google o para otras compañías.
