Interesantísimo y muy recomendable artículo en PetaPixel, «Germany vs Google: How Street View won the privacy battle in Europe’s most private country«, sobre algo que comento muy a menudo en mis clases (en las que me suele funcionar como un buen debate gracias, entre otras cosas, a la presencia habitual de alumnos alemanes): cómo un servicio de Google, Street View, fue durante varios años retirado de Alemania porque muchísimos habitantes del país rechazaron la intromisión que suponía tener coches con cámaras fotografiando sus calles, y reaccionaron solicitando el pixelado de las fachadas de sus domicilios hasta el punto de convertir el producto en inservible.
Recientemente, en junio de 2023, Google volvió a lanzar ese servicio en Alemania, y se encontró en esta ocasión con una recepción mucho más positiva, un cambio de postura a nivel de toda la sociedad que resulta muy llamativo e interesante: a lo largo del tiempo, una cierta reflexión colectiva y la concienciación de los beneficios que aporta tener disponible un mapa de esa calidad de cualquier ciudad del mundo hicieron que los alemanes se dieran cuenta de que su reacción inicial al producto había sido exagerada, y pasasen a aceptarlo, a pesar de los complejos precedentes históricos que determinan la relación del país con la privacidad.
Esos precedentes históricos provienen del llamado «Decreto del incendio del Reichstag«, oficialmente conocido como «Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado», establecido en 1933, y que tras el incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933, dejaba sin efecto en Alemania diversos derechos ciudadanos que estaban consagrados en la Constitución de Weimar. Ese mismo decreto fue posteriormente utilizado por el Partido Nazi como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen, así como para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo.
El decreto tan solo tenía seis artículos. El primero suspendía «hasta nuevo aviso» el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y el secreto de las comunicaciones, mientras a la vez permitía a las autoridades practicar arbitrariamente registros de domicilios o de oficinas, confiscar bienes privados y ejecutar otras restricciones a la propiedad. Los artículos segundo y tercero otorgaban al gobierno del Reich todas las facultades propias de los Länder de Alemania, establecidos por la Constitución de Weimar, en cuanto a la «custodia de la seguridad pública», vulnerando las autonomías locales previstas por la Constitución; y los artículos 4 y 5 fijaban penas severas para los actos contrarios a la seguridad pública, desde multas de quince mil marcos hasta penas de cárcel mayores a las fijadas hasta entonces por el Código Penal. Ese Código fue además ampliamente reformado para aumentar drásticamente diversas penas, incluyendo la pena de muerte para quienes provocasen daños a bienes públicos o quienes opusieran resistencia a las autoridades del Reich. El artículo 6 establecía finalmente que el decreto entraba en vigencia en todo el país con efecto retroactivo, lo que permitió aplicar la pena de muerte al supuesto causante del incendio del Reichstag, Marinus van der Lubbe (guillotinado el 10 de enero de 1934) y construir los primeros campos de concentración.
Posteriormente, el gobierno de la Alemania del Este construyó lo que podríamos considerar un auténtico estado de vigilancia, que sobrevivió desde octubre de 1949 hasta la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989: muchos alemanes vivieron en un régimen de terror del Ministerio de Seguridad del Estado, conocido como la “Stasi”. El Ministerio de Seguridad del Estado violó sistemáticamente la privacidad y vigiló a los alemanes orientales de manera exhaustiva, utilizando tecnología que los nazis no habían tenido a su disposición, y dieron lugar a mejoras incrementales en la calidad de los dispositivos empleados para ello durante esos 50 años.
La reacción a esos precedentes históricos han llevado a Alemania a ser uno de los países más fuertemente defensor de la privacidad: aún hoy en día, es uno de los países desarrollados en los que existe más resistencia al pago con tarjeta de crédito y en los que más se recurre al dinero en metálico, entre otras cosas. De hecho, resulta muy paradójico porque los alemanes, en general, tienden a manifestarse enormemente desinhibidos con respecto, por ejemplo, a su propio cuerpo, mientras sin embargo tratan de proteger celosamente cualquier dato personal.
Entender los precedentes históricos que llevaron a todo un país como Alemania a valorar mucho más su privacidad y a establecer una dinámica social de rechazo a aquellos que trataban de violarla me parece fundamental para comprender la evolución de ese derecho fundamental, y cómo ese tipo de convenciones sociales pueden no ser inalterables, sino evolucionar a lo lago del tiempo y con respecto a distintos servicios en función de cómo sean planteados. Ahora, una generación que ya no tuvo experiencia directa de los eventos y circunstancias que hicieron a Alemania un país enormemente protector de la privacidad, ya pasa a tolerar servicios como Google Street View y otros productos de Google, de Meta o de TikTok que se dedican a recolectar sistemáticamente sus datos personales, en lo que puede ser una convergencia peligrosa que les lleve a parecerse cada vez más a otras sociedades desarrolladas que ya no tienen esa preocupación por la privacidad. De hecho, la tendencia a preferir el pago en metálico también está disminuyendo, a medida que los establecimientos pasan a tener más interés por atraer al turismo y a las generaciones más jóvenes.
Una transición interesantísima, sobre la que he discutido en clase en muchas ocasiones, y sobre la que resulta fundamental reflexionar a la hora de entender el crucial debate de la privacidad como derecho fundamental.
