Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La obsesión con el anonimato» (pdf), y habla precisamente de eso, de la irracional obsesión que algunos políticos tienen con la persecución de algo tan natural como el anonimato en la red.
Esto es muy sencillo: cada vez que un político presenta una proposición de ley para intentar restringir el anonimato en la red, está en realidad demostrando que no entiende en absoluto su funcionamiento, ni los derechos más elementales de los ciudadanos. Un político que cree que el anonimato en la red es como algún tipo de capa de invisibilidad que permite todo tipo de desmanes es como un niño pequeño que levanta el puño hacia el cielo porque le molesta que le tire gotas de agua cuando llueve.
El pasado lunes, el Partido Popular presentó en el Senado una proposición de ley para obligar a las plataformas que sustentan las redes sociales a identificar a todos los que se den de alta mediante el documento nacional de identidad. Una propuesta tan profundamente absurda y sin sentido, que es digna de quienes ven la red como un lugar en el que les acosan e insultan, y no son capaces de plantearse que la mala educación, la falta de gusto o la crítica expresada con más o menos estilo no son delitos, y que no solo forman parte del juego, sino que plantearse eliminarlos o perseguirlos es una actitud claramente liberticida.
Sobre el anonimato como derecho he escrito en numerosas ocasiones, y siempre en el mismo sentido. Para entender el balance entre anonimato y participación en la red, lo mejor es pasarse por la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las instituciones de referencia en los Estados unidos en cuanto a derechos civiles, y leer las páginas que tiene dedicadas al tema. Básicamente, viene a decir que el anonimato es un escudo contra la tiranía de la mayoría, y por lo tanto, ejemplifica el propósito que hay detrás de la Declaración de Derechos Humanos o de la Primera Enmienda de su Constitución: proteger a las personas impopulares de las represalias que pudieran surgir de la mano de una sociedad intolerante. Una crítica expresada en tono hiriente, una contestación mal educada o hecha con clara falta de gusto, y muchas otras reacciones relacionadas son, por mucho que nos puedan molestar o doler, parte de los derechos de una persona, siempre que no incurra en conductas tipificadas como delito como podrían ser la injuria, la calumnia, la divulgación de información personal, las amenazas, etc.
Lo que algunos políticos tienen que entender es que cuando una innovación como internet permite que cualquiera en la sociedad tenga voz, en esa sociedad va a haber necesariamente personas con escaso gusto, con poca educación, con mal carácter o con baja tolerancia, y eso no nos legitima para pretender eliminar su derecho a expresarse. Si esas personas no se comportan como al político le gustaría, lo que tiene que hacer ese político es aguantarse y desarrollar una piel más gruesa, porque tratar de acudir a un juez para decir «Fulanito me ha insultado» como si estuviéramos en el colegio solo va a generar como resultado que el juez pierda su valioso tiempo, que estaría mucho mejor utilizado si se dedicase a enjuiciar delitos de verdad, y solo podrá confirmarle lo que es evidente: que esos comportamientos no son delito.
Por el contrario, si el político se siente claramente injuriado, amenazado, calumniado, etc., lo que el juez dirá es que, en efecto, el comportamiento es constitutivo de delito, y solicitará al prestador de servicios la identificación del usuario, que por lo general, será relativamente trivial. Para que un usuario logre de verdad esconder su identidad en internet de manera que no pueda ser trazada, hace falta unos conocimientos y unas herramientas que no están, por lo general, al alcance del usuario medio, y que exigen tomarse un trabajo bastante fuera de lo común.
Por más que le moleste a algunos políticos, lo que define cuando un comportamiento es constitutivo de delito y cuando no lo es no es su sensibilidad personal de ofendiditos, sino la ley. Por tanto, pretender que, porque su sensibilidad se ha visto perturbada, todos pasemos a tener que utilizar la red con las manos en la nuca y el carnet en la boca es, simplemente, una barbaridad digna de alguien que no ha entendido ni como funciona la red, ni como funciona ni siquiera el juego democrático. No, que te insulten o te contesten desabridamente no es delito, sino que va en el cargo. No puedes aspirar a desempeñarte en política sin molestar a nadie, ni pretender que esos a los que han molestado te miren comprensivamente y eviten asignarte algún calificativo más o menos hiriente. ¿Sería mejor que no hubiera insultos? Seguramente, pero es lo que hay, y posiblemente la mejor manera de evitar que se elevase el tono es no hacerlo en los propios círculos políticos.
El anonimato es un derecho, y va a seguir siéndolo, diga lo que diga ningún partido, salvo que la dinámica política gire hasta el punto de que España, en vez de asemejarse en materia de derechos a otros países de Europa o a los Estados Unidos, empiece a parecerse a China – que por cierto, sí prohibe el anonimato. A lo mejor es que ese es el modelo en el que el partido que presenta la proposición de ley pretende inspirarse, pero lo dudo. Y por tanto, vamos a dejarnos de estupideces inmaduras, y vamos a dejar el anonimato en paz.
