Joe Biden firma y anuncia una orden ejecutiva que obligará a la sustitución de la totalidad del parque público de vehículos, desde los de titularidad federal hasta los del servicio de correos, por vehículos eléctricos de fabricación nacional. Estamos hablando de un parque de unos 645,000 vehículos en todo el país.
La idea, además obviamente de luchar contra la emergencia climática, marcada como una de las prioridades claras de su administración, es posibilitar la generación de puestos de trabajo vinculados a la sostenibilidad, es decir, reforzar la industria automovilística nacional siempre y cuando se comprometa a la fabricación de productos que no envenenen a los ciudadanos y no comprometan el futuro del planeta. Cuando tienes una tecnología que reduce en gran medida las emisiones las evalúes como las evalúes y provenga la energía de donde provenga (a pesar de la desinformación persistentemente divulgada por la industria del petróleo), pero que además reducen el coste total de propiedad, plantear esa sustitución es únicamente cuestión de sentido común. Los ahorros que se plantearían si la totalidad del parque automovilístico norteamericano se electrificase se calculan en torno a los 70,000 millones de dólares.
Otras instituciones públicas, como el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, llegaron a esa conclusión hace ya algún tiempo, en marzo de 2019: los vehículos eléctricos se habían convertido ya en la opción más barata para su flota. Un análisis de coste total de propiedad que, llevados por falacias muy difundidas como la supuesta (y falsa) degradación de las baterías, muchos usuarios no llegan siquiera a hacer. Pero cuando los propietarios de grandes flotas la hacen y toman decisiones de compra en base a ella, puede ser el momento de empezar a replantearse también muchas decisiones de compra de particulares.
La idea de la administración Biden, liderada en ese ámbito por el ex-candidato demócrata a la presidencia Pete Buttigieg, es proporcionar los incentivos adecuados para lograr una transición total que ponga millones de vehículos eléctricos en las calles del país, para llegar a que las ventas de vehículos eléctricos lleguen a suponer el 100% del total de vehículos nuevos vendidos en el año 2030. La percepción de la administración es que acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico es una de las palancas más lógicas y adecuadas para hacer realidad un Green New Deal, una recuperación económica basada en la sostenibilidad.
La idea de grandes contratos públicos para la adquisición de flotas electrificadas, unida a la expectativa de electrificación rápida de una parte cada vez más significativa del mercado, tiene además la función de incentivar a las compañías automovilísticas tradicionales para reconvertir unas fábricas que muchos ya ven como auténticos activos envenenados. Compañías como GM o Volkswagen ya han dicho adiós al falso compromiso que suponían los híbridos, y están llevando a cabo esa reconversión lo más rápido que pueden.
Cuando ves a grandes administraciones plantearse cambios de esta magnitud, y hacerlo no solo por luchar contra la emergencia climática, sino por por una cuestión de coste y por mejorar la salud de los ciudadanos, es el momento de replantearte que el mundo ha cambiado: la mayor disrupción y transición tecnológica de la historia, el abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por la electricidad, ya está aquí.
