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Gestión urbana y proactividad

IMAGE: Regina's photos - Pixabay

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Ciudades reactivas o proactivas» (pdf), enumera algunas acciones recientes de compañías tecnológicas para contribuir a la descarbonización o a la reducción de las emisiones en las ciudades, y se plantea qué ciudades tendrán acceso a este tipo de servicios antes que otras.

La pregunta, por supuesto, es puramente retórica: las compañías tecnológicas despliegan este tipo de desarrollos antes en aquellas ciudades que pretenden obligarles a ello antes. El acuerdo tripartito entre Uber, Tesla y Hertz para que la primera de ellas pueda ofrecer a sus conductores el alquiler a largo plazo de vehículos de la segunda a través de la tercera, que ha logrado que más de quince mil conductores de Uber aprovechasen la oferta y hayan hecho ya más de cinco millones de viajes en vehículos Tesla, casi sesenta y cinco millones de kilómetros, se produce en algunas ciudades de los Estados Unidos porque en esas ciudades ya se ha planteado la electrificación obligatoria de los vehículos de transporte de viajeros, lo que lleva a que a Uber le interese iniciar en ellas la descarbonización total de su flota de vehículos, planteada para 2030.

Cuando Amazon anuncia que comienza a sustituir sus vehículos de reparto con bicicletas eléctricas dotadas con remolque en forma de pequeñas camionetas o motocarros, o alternativamente mediante reparto a pie, lo hace en Londres debido a que el alcalde de esa ciudad lleva ya varios años planteándose muy en serio la descarbonización de su ciudad, imponiendo peajes y restricciones a los vehículos que pretenden acceder a su centro, y obligando a los vehículos de transporte público a electrificarse.

En España, todos los municipios de más de cincuenta mil habitantes y territorios insulares están obligados a tener un área de bajas emisiones en la que se excluirá la circulación de vehículos contaminantes a partir del próximo año 2023. Sin embargo, veo muy pocos gestores municipales negociando con compañías de cara a lograr el despliegue de este tipo de innovaciones que posibilitan la descarbonización de sus ciudades o de determinadas zonas en ellas, a pesar de que los beneficios para sus ciudadanos son tan evidentes como el evitar que su ciudad los envenene sistemáticamente.

¿Cuánto podría reducirse la contaminación en las ciudades en términos de emisiones y de ruido si tanto los vehículos de transporte público como autobuses, taxis y VTCs, como los de reparto logístico fuesen eléctricos? ¿Cómo es de complicado activar el círculo virtuoso que obliga a las compañías responsables de estos servicios a plantearse seriamente su electrificación fijando una fecha límite de manera clara y tomando la actitud adecuada en ese sentido? Sin embargo, y con alguna escasa excepción como Pontevedra, las corporaciones municipales españolas parecen estar en otra dinámica: la contaminación tiende a ser, en términos generales, una preocupación secundaria en su escala de prioridades. ¿Por qué? Simplemente, porque muy pocos de sus habitantes parecen valorarlo lo suficiente.

Esto lleva a que las compañías que innovan en ese ámbito no se planteen desplegar sus desarrollos en ciudades españolas, y que las releguen al final de la cola, a cuando simplemente no les quede más remedio. En términos de gestión medioambiental municipal, España es prácticamente tercer mundo, una situación extraña cuando en otros términos, como el energético, el país sí es capaz de ofrecer una relativa imagen de modernidad.

¿Para cuándo ayuntamientos proactivos en el ámbito medioambiental?

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