El movimiento del activista ruso Alexei Navalny volviendo a su país tras ser envenenado para ser inmediatamente detenido por las autoridades está provocando una fuerte oleada de protestas, las más importantes en muchos años, en las que la represión en las calles, ejercida mediante un evidente abuso de las normas anti-pandemia, las violaciones de derechos fundamentales y la intimidación, están empezando a mostrarse aparentemente tan inútiles como la censura en la red que el gobierno del país lleva años intentando ejercer.
Un líder populista que lleva más de veinte años al frente de un país mediante la manipulación creciente de sus elecciones, Vladimir Putin, enfrentado ahora con un reputado activista online, Nalvalny, que habla en el lenguaje fresco e irrespetuoso de sus mayoritariamente jóvenes seguidores en redes sociales, y que crea vídeos con acusaciones de corrupción que circulan de forma viral y acumulan cientos de millones de visualizaciones. El último, publicado el pasado 19 de enero acerca de un lujoso palacio a orillas del Mar Negro que pertenecería a Putin, ha inspirado ya canciones pop y logrado conectar con una generación que lleva ya mucho tiempo oyendo hablar de la corrupción institucional de su país.
En una Rusia con una tendencia hacia el autoritarismo y al control de una serie de herramientas en la red cada vez más marcada, la creciente digitalización ha afectado fuertemente la fisonomía del activismo en la red, y la ha dotado, gracias a otras herramientas de mensajería instantánea cifradas como Telegram, de una conectividad que evoca los antiguos samizdat, publicaciones subversivas clandestinas que pasaban de mano en mano. En 2014, Putin fue capaz, mediante una maniobra empresarial, de hacerse con el control de la red social más popular en el país, VK, expulsando a su creador, Pavel Durov. Desde entonces, el crecimiento sostenido de la siguiente creación de Durov, Telegram, está generando a Putin bastantes quebraderos de cabeza.
La campaña anticorrupción liderada por Navalny se combina con la lucha para proteger la comunicación online de la vigilancia estatal del Roskomnadzor y de los sucesivos intentos de censura de Telegram para dar lugar a un modelo de activismo mixto que se coordina en la red, pero que no teme salir a las calles, incluso en pleno invierno ruso, para reclamar la liberación del líder detenido, en lo que supone seguramente la más fuerte erosión al poder gubernamental que hemos visto a lo largo de los último veinte años.
Al igual que ocurre en la vecina Bielorrusia, igualmente autoritaria pero incapaz de poner Telegram bajo control, el gobierno ruso empieza a retorcerse entre la evidencia de su triste realidad política y los intentos cada vez más imposibles de querer mostrarse hacia el exterior como un país supuestamente moderno y democrático. Un activista online, con técnicas de propagandista y un discurso que conecta con mensajes muy internalizados por la población está, por primera vez en mucho tiempo, poniendo en dificultades al gran oligarca, ante la atenta mirada de muchos países que conocen perfectamente y muy de cerca las prácticas de esa administración y su inveterada y contrastada afición a interferir en otros países.
Atentos a la evolución del tema.
