Dos senadores demócratas, Ben Ray Luján y Cory Booker, han propuesto una ley, la Uncap America Act, que prohibiría «las predatorias limitaciones de ancho de banda que obligan a las familias a pagar costes elevados y tarifas innecesarias para acceder a la banda ancha de alta velocidad».
La ley pediría a la Federal Communications que definiese las condiciones bajo las cuales se debe considerar que un límite de datos se adapta al propósito de una gestión razonable de la red o de la gestión de la congestión de la red, de manera que todas las limitaciones que no respondiesen a ese propósito serían declaradas ilegales.
El razonamiento es claro: cualquier limitación de la conectividad a los usuarios es contraria al interés público, y supone limitar el acceso a un medio que se ha convertido en fundamental en la vida cotidiana de las personas y en su acceso a la información. Los límites de consumo de datos, en el caso de los contratos de telecomunicaciones, son calificados en la ley como establecidos por razones puramente de negocio, sin que respondan en realidad a ningún tipo de limitación técnica. Esto puede probarse, por otro lado, por los numerosos casos de exclusión de estos límites a determinados servicios (música, redes sociales, etc.) en función de determinados acuerdos comerciales firmados por las compañías de telecomunicaciones correspondientes para incrementar el atractivo de sus ofertas en determinados países.
La comparación es clara: cuando nos suscribimos a un proveedor de agua o de electricidad, no nos cortan el acceso cuando superamos unos límites de uso determinado ni pasan a servirnos un caudal menor de agua o un voltaje inferior por el hecho de haber llegado a esa limitación arbitraria. ¿Por qué es así? Simplemente, porque definimos servicios como el agua o la electricidad como de primera necesidad. ¿No es el acceso a la red ya un servicio de primera necesidad, cuya restricción puede conllevar una exclusión a los afectados? Una vez definido el ancho de banda que contrata una persona o un hogar, ¿por qué imponerle unos límites artificiales en función del consumo del período?
Obviamente, en el caso del agua o de la electricidad, las tarifas no son planas – todavía – y pagamos en función de lo que contratamos y consumimos, mientras que las circunstancias del mercado y, sobre todo, las necesidades de dimensionamiento de las infraestructuras necesarias para proveer acceso a internet, han llevado a que la gran mayoría de los contratos de telecomunicaciones se establezcan mediante algún tipo de mecanismo de las denominadas «tarifas planas», que por otro lado en muchos casos no lo son porque, precisamente, están sujetas a una limitación en el ancho de banda consumido. ¿Qué ocurriría si los proveedores de internet tratasen de volver a facturar en función del ancho de banda consumido? Simplemente, que las leyes del mercado y de la competencia volverían a llevarlos a ofrecer tarifas planas, porque es lo razonable dadas las características del servicio y de la inversión en infraestructuras requeridas para proporcionarlo.
La legislación, que está previsto que se encuentre con una fortísima oposición por parte de las compañías de telecomunicaciones, pretendería que, dentro de un uso considerado razonable y no abusivo, los contratos no pudiesen imponer un límite arbitrario a partir del cual limitan la conexión, degradan artificialmente su funcionamiento o facturan cantidades adicionales. La idea apuntaría claramente a un modelo «too cheap to measure», que establece que el usuario paga una cantidad por su conexión a la red, pero puede a partir de ahí, dentro de unos límites establecidos como razonables, consumir lo que necesite en cada momento, sin preocuparse de los límites de su período de pago. En el caso de las telecomunicaciones, las restricciones de ancho de banda solo podrían entrar en funcionamiento cuando las circunstancias de la red obligasen a ello en función de una sobrecarga o de un uso concurrente elevado, pero esta limitación, en ese caso, se establecería de la misma manera para todos los usuarios, y no únicamente para aquellos que pueden pagar menos.
Veremos cómo evoluciona la propuesta.
