La administración norteamericana ultima la preparación de su estrategia para medir y reportar la ecoinversión o green finance, las actividades financieras llevadas a cabo para dar soporte a productos o prácticas responsables desde el punto de vista medioambiental.
Desde la década de los ’90, a medida que los problemas derivados de la falta de sostenibilidad de las prácticas de muchas compañías se iban evidenciando, cada vez más inversores privados e institucionales comenzaron a priorizar en sus decisiones a las compañías que mostraban prácticas consistentemente mejores que las de sus competidores con respecto a su impacto ambiental. Este enfoque de los inversores dio origen a un conjunto de prácticas, el llamado greenwashing, ecoblanqueo o lavado de imagen verde, como una forma de propaganda engañosa para tratar de promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una compañía eran respetuosos con el medio ambiente, con el fin de aumentar sus beneficios.
Prácticas como la compra consistente de certificados de compensación sin tratar de cambiar nada en su forma de hacer las cosas para reducir las emisiones de manera real, o el traslado de actividades contaminantes a países con legislaciones medioambientales más laxas, el llamado carbon leakage, han sido, desgraciadamente, moneda común en muchos entornos corporativos durante mucho tiempo. La forma de reportar el cumplimientos de esos objetivos medioambientales, sociales y corporativos (ESG) se ha llevado tradicionalmente a cabo sin un control ni una supervisión fuertes por parte de la administración, con estándares a menudo voluntaristas y no homogéneos. Términos tan aparentemente inequívocos como net-zero, por ejemplo, pueden hoy en día responder a todo tipo de prácticas, como compensaciones financieras, programas de reforestación o de protección de bosques, mientras los procesos que generan las verdaderas emisiones se mantienen completamente inalterados.
La llegada de Joe Biden, que llevó a cabo el gesto de firmar en su primer día en la Casa Blanca el reingreso de los Estados Unidos en el Acuerdo de París, podría marcar un cambio en la forma en que se controlan y se reportan este tipo de iniciativas. La directora en funciones de la Securities and Exchange Commission (SEC), Allison Herren Lee, ha anunciado, preparando el terreno para la llegada de su previsible sucesor, Gary Gensler, el comienzo de consultas públicas para tratar de llevar a cabo cambios en las prácticas de reporte de este tipo de actividades con trascendencia medioambiental, con la idea de prevenir la forma en la que las compañías «embellecen» muchas de sus actividades para tratar de disfrazarlas como medioambientalmente positivas.
Básicamente, definir y estandarizar términos, y ajustarlos de cara a la agenda de la próxima cumbre de Glasgow en noviembre, en la que se trataría de armonizar una taxonomía a nivel internacional. Es importantísimo darse cuenta de la importancia que este tipo de iniciativas tienen de cara a la consecución de un objetivo: llamar a las cosas por su nombre y de manera consistente es algo fundamental. Durante mucho tiempo, hemos permitido que las compañías utilicen términos confusos y aseveraciones unilaterales sin pruebas para reportar sus supuestos esfuerzos de cara a establecer sus objetivos medioambientales, y el resultado ha sido el que todo conocemos: en el colmo de la ironía, compañías que pretendían ser más verdes que el lomo de una rana se dedicaban a vendernos productos que falseaban sus métricas y sus emisiones hasta superar los límites en más de cincuenta veces, sin el menor tipo de escrúpulos. Ese tipo de prácticas de greenwashing llegaron a dar lugar a escenarios en los que ya nadie se creía nada, todos en cada industria – competidores, autoridades y usuarios – asumían que todos mentían constantemente, y los verdaderos objetivos medioambientales se veían reducidos a declaraciones de buenas intenciones.
Adoptar un enfoque unificado y estandarizado en lugar de depender de un voluntarismo que ha demostrado no funcionar en absoluto es un bien primer paso. A partir de ahí, se debe asegurar un enfoque horizontal e inequívoco de todas las instituciones de cara a la emergencia climática, que permita tratar los temas y las prioridades de manera homogénea. Y por encima de todo ello, un enfoque inequívocamente internacional, que permita eventualmente tomar decisiones – o eventualmente, sanciones – en ámbitos supranacionales.
Queda mucho por hacer. Pero hacerlo es, sin duda, lo más importante que tenemos entre manos.
