El robo y comercialización de una enorme base de datos policial con registros muy detallados de más de mil millones de ciudadanos chinos pone de manifiesto la debilidad intrínseca de los regímenes basados en la vigilancia de sus ciudadanos: si vas a dedicarte a espiar masiva y sistemáticamente a todos tus ciudadanos, vas a tener no solo que desarrollar unos protocolos de ciberseguridad a prueba de bombas, sino que, además, vas a tener que pagar muy bien a todos los funcionarios dedicados a su gestión y custodia.
En el caso de China, ninguna de las dos cosas parece estar bien cubierta. Por un lado, la ciberseguridad del régimen parece estar a un nivel aproximadamente similar al de la gran mayoría de gobiernos del mundo. Por otro, existe una gran abundancia de funcionarios públicos mal pagados a todos los niveles que pueden ser fácilmente tentados para lograr el acceso a esas bases de datos.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno chino ante la noticia de que cualquiera dispuesto a pagar diez bitcoins puede hacerse con una descomunal base de datos de 23 terabytes de información de ciudadanos del país con sus nombres, direcciones, número de carnet de identidad, números de teléfono y posibles antecedentes delictivos? Como hace siempre: tratando de censurar la noticia para que no circule dentro de China en redes como Weibo, WeChat o buscadores como Baidu, que han comenzado a censurar los términos referentes a la fuga de información.
Es la paradoja de los regímenes basados en la vigilancia de sus ciudadanos: por muchas leyes que pretendan dictar con respecto a la protección de datos, ellos son el infractor más grande de todos, y están sujetos a las mismas o más vulnerabilidades a las que están sujetos todos los que se dedican a esa actividad. El espionaje de los ciudadanos de un país está siempre orientado a lo mismo: la preservación del régimen político que lo ordena, la eliminación de la disidencia y el mantenimiento de la estabilidad.
En el caso de China, el activismo contra la ausencia de privacidad ha ido creciendo hasta forzar que el gobierno comenzase a multar a las compañías privadas que abusaban de la recolección de datos de sus usuarios, hasta el punto de desarrollar una legislación de privacidad más potente que la de los Estados Unidos y al nivel de la europea, con una evidente salvedad: por muchas cortapisas que se pongan a las compañías privadas, el gobierno siempre puede verlo todo, recolectarlo todo y analizarlo todo. Veremos ahora, primero, cuáles son las consecuencias para los ciudadanos chinos de esa masiva fuga de información. Y después, cómo van a ser sus reacciones ante un gobierno que no solo abusa de la vigilancia, sino que además, falla estrepitosamente en su deber de custodia.
This article is also available in English on my Medium page, «The problem with surveillance states is that they’re not very good at safeguarding information»
