Negociadores del Parlamento Europeo, de los veintisiete estados miembros y de la Comisión Europea consiguieron, a altas horas de la madrugada del sábado, un acuerdo para la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, o DSA) que aún tendrá que ser revisado a nivel técnico y lingüístico antes de su aprobación final por parte de la Comisión y el Parlamento, aprobación que se da prácticamente por garantizada, y de su entrada en vigor, esperada a principios de 2024.
Estamos hablando de una de las leyes, junto con la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, o DMA), que sin duda más nerviosas ha puesto a las grandes empresas tecnológicas, y que las ha llevado a multiplicar de manera muy significativa sus inversiones en lobbying para tratar de debilitar muchas de sus provisiones.
¿Qué preocupa tanto a las big tech? La idea fundamental de la ley es, según sus principales artífices, conseguir que todo lo que sea ilegal fuera de la red lo sea también en la red, so pena de importantes multas que podrían llegar al 6% de su facturación global. Esto implica, en primer lugar, reglas muy duras que suponen una auténtica patada al péndulo que hasta ahora estaba en una posición que permitía esgrimir a las plataformas tecnológicas que su actividad era demasiado grande como para poder ser controlada, o como dice el comisario de mercado interno de la UE, Thierry Breton,
«Con la DSA, los tiempos en los que las big tech se comportaban como si fueran ‘demasiado grandes para preocuparse’ llega a su fin».
Reglas mucho más duras para el control de los contenidos publicados por las plataformas, con un nivel de supervisión mucho más estricto para aquellas que superen los cuarenta y cinco millones de usuarios, y con posibilidad para los estados miembros de tomar decisiones independientes sobre los contenidos que estiman o no ilegales, lo que abre la puerta a todo un nuevo nivel de control gubernamental sobre los contenidos que habrá que ver qué resultados acarrea, pero que lleva a las big tech a vivir bajo un régimen muy similar al de los medios de comunicación tradicionales, algo que hasta el momento se consideraba prácticamente inviable.
Además, la ley afirma que los mercados tendrán que «garantizar que los consumidores puedan comprar productos o servicios seguros en línea fortaleciendo los controles para demostrar que la información proporcionada por los comerciantes es confiable» con un principio equivalente al Know Your Customer (KYC) aplicado a los proveedores, un Know Your Business Customer, con el fin de prevenir así la aparición de contenido ilegal, incluso utilizando controles aleatorios.
Además del control de contenidos, que impone también unas exigencias mucho mayores para la moderación de los mismos, la ley establece limitaciones para la publicidad hipersegmentada, que estará prohibida para usuarios menores de edad y limitada en su uso de variables consideradas sensibles como orientación sexual, étnicas o religiosas. También establece limitaciones en el uso de los llamados dark patterns, diseños que inducen determinados comportamientos en los usuarios, crea un mecanismo de respuesta a crisis (inspirado en la reciente invasión rusa de Ucrania y en la oleada de desinformación que generó) que permitirá a los estados miembros forzar la eliminación de contenidos sin necesidad de supervisión judicial. Ahora, la ley permitirá a cualquier gobierno actuar de forma rápida y directa sobre la difusión de información que se pueda considerar contraria para el bienestar de la sociedad, lo que abre la puerta a una censura indirecta de los gobiernos en la que únicamente tienen que indicar a las redes sociales qué contenidos específicos quieren eliminar.
Muchos pasos, algunos de ellos extremadamente polémicos y con preocupantes posibilidades de abuso por parte de los gobiernos, destinados a equiparar los servicios en la red con los que se proveen fuera de la red, pero de una manera que rompe con muchas de las asunciones que llevábamos años haciendo. Para las big tech, un problema importante por lo que tiene de redefinición de unas reglas que establecen un nuevo contexto frente al anterior, del que claramente habían abusado hasta la extenuación. Pero además, más preocupante si cabe por lo que tiene que provengan de la Unión Europea, que tiende cada vez más a inspirar a reguladores de otros países, como prácticamente asumen ya desde los Estados Unidos.
Llevamos ya mucho tiempo hablando de hasta qué punto las big tech habían abusado de su poder y de la falta de regulación en el ámbito online. La DSA es, sin duda, una reacción a muchos de esos abusos y malas praxis: en muchos sentidos, las big tech han obtenido aquello que llevaban años pidiendo a gritos. ¿Se ha pasado de frenada la regulación y ha entrado en límites peligrosos para valores como la libertad de expresión? Es más que posible, y es lo que tiene darle patadas a un péndulo: que siempre oscila en las dos direcciones.
Muchas de las reacciones, en cualquier caso, están a la espera de cómo se articulan y reglamentan las provisiones establecidas en la ley, de cómo se define la letra pequeña y los detalles técnicos, que es en donde las big tech parecen cifrar sus mayores esperanzas de limitar el impacto de la ley en sus prácticas. Pero sin duda, estamos hablando de una ley que tendrá grandes consecuencias, y que además, con casi total seguridad, no las limitará al escenario europeo.
