El gobierno de Singapur anuncia una medida clave contra los negacionistas de las vacunas del COVID-19: a partir del día 8 de diciembre, las personas que hayan tomado la decisión de rechazar la vacuna, tendrán que hacer frente a la totalidad del gasto médico que genere su tratamiento.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha costeado todas las facturas médicas derivadas del tratamiento del COVID-19 de todos los residentes del país, con el fin de evitar que las consideraciones financieras aumentaran la incertidumbre y la preocupación del público cuando la enfermedad era aún emergente y desconocida. Para la gran mayoría de los vacunados, ese tratamiento de sus facturas de COVID-19 continuará hasta que la situación sea más estable.
En este momento, según el gobierno del país, las personas no vacunadas constituyen la inmensa mayoría de las que requieren atención hospitalaria intensiva, y contribuyen de manera desproporcionada a la presión sobre los recursos de atención médica, lo que lleva a plantear esta medida como forma de enviar una señal clara para instar a la totalidad de la población a que se vacunen si pueden hacerlo. En este momento, Singapur tiene una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo con un 85% que ha recibido ya la pauta completa, y un 18% que ha recibido ya la tercera dosis (superada únicamente por los Emiratos Árabes y Portugal). España se sitúa en este momento como octavo país, con un 80.1%, y algunos estudios indican que podría haber alcanzado la inmunidad de grupo.
Cuando la tecnología es capaz de desarrollar una solución para un problema en un tiempo récord y lo hace, además, manteniendo todas las garantías de seguridad, renunciar voluntariamente al uso de esa tecnología supone un nivel de irresponsabilidad y de insolidaridad que no pueden ser aceptados por alguien que pretenda vivir en sociedad y aprovecharse de las ventajas que ello plantea. Las bolsas de negacionistas son, en este momento, el principal factor que diferencia qué países pueden empezar a pensar en mirar a la pandemia por el espejo retrovisor y cuáles continúan sufriendo nuevas olas. La inmunidad que generan las vacunas están en torno al 99.992%, lo que convierte la decisión de no vacunarse en una auténtica barbaridad: en los Estados Unidos, que por culpa de la politización de las vacunas se ha quedado muy lejos de alcanzar la inmunidad de grupo, la práctica totalidad de las muertes por COVID-19 corresponde a los no vacunados.
Así las cosas, cuando la vacunación pasa de ser un problema de falta de oferta a convertirse en uno de falta de demanda, y cuando los incentivos y premios por vacunarse dejan de funcionar, es momento de pasar a otro tipo de medidas más drásticas. ¿No quieres vacunarte? Pues no conseguirás un trabajo, porque con toda la lógica del mundo, nadie quiere introducir un riesgo en su compañía. En otros países se restringe directamente su libertad de movimientos: Austria, por ejemplo, acaba de aprobar el confinamiento obligatorio de los no vacunados, y los países o territorios que prohiben a los no vacunados entrar en bares, restaurantes y otros locales es cada vez mayor. Alemania aplica en cada vez más territorios la llamada regla 2G (geimpft oder genesen – vacunados o recuperados) e impide el acceso a cada vez más locales a los negacionistas. Si decides ser un peligro para la sociedad, solo te queda aceptar que la sociedad te trate como lo que eres.
La tecnología que está detrás de las vacunas puede considerarse, dada su adopción masiva en todo el mundo, algo perfectamente probado y seguro. Además, la tecnología del ARN mensajero está considerada una de las más prometedoras de cara al desarrollo de nuevas vacunas y procedimientos en el futuro, lo que convierte el negacionismo en una opción ya no irresponsable o insolidaria, sino directamente estúpida. Es el momento de que los gobiernos pasen de considerar el negacionismo como una supuesta opción personal a considerarlo como lo que es, una verdadera amenaza, y decidan aplicar medidas coercitivas serias a quienes deciden, de forma completamente voluntaria, ponerse en riesgo de contraer una grave enfermedad con un coste hospitalario en muchos casos muy elevado. Ya veremos lo que les duran sus «principios» a algunos en cuanto vean que van a tener que pagarse íntegramente de su bolsillo el tratamiento de su enfermedad…
